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Informe 2006 de Reporteros Sin Fronteras José da Cruz Esta organización publica cada año su balance acerca del ejercicio de la libertad de prensa y presentaremos aquí el capítulo referido a las Américas. Es importante puntualizar que Reporteros Sin Fronteras (RSF) no goza del mismo prestigio en todos los sectores políticos, pero cuestionada o no recoge informaciones sobre la situación de la prensa y el periodismo, la procesa y presenta. Nos limitamos a comentar el informe más reciente. El capítulo americano y el riesgo mayor La carátula del documento es un mapa del continente donde los países se presentan en una escala de cuatro colores: negro, rojo, anaranjado y amarillo. Representan la gravedad mayor o menor de las situaciones descritas. Un único país lleva la peor calificación: Cuba. México y Colombia están coloreados en rojo; Brasil, Haití, Perú y Venezuela figuran en anaranjado; los demás, en amarillo. En la introducción se indica que “la libertad de informar está oficialmente reconocida en todos los países, con excepción de Cuba”. Este país, representado en color negro, “continúa siendo, desde la oleada represiva de la primavera de 2003, la segunda mayor cárcel del mundo para los periodistas, después de China. Veintiún periodistas detenidos entonces permanecen encerrados en condiciones extremadamente severas, y el régimen hizo encarcelar a otros tres a lo largo del verano de 2005. Los medios de comunicación independientes siguen padeciendo el acoso regular de la Seguridad del Estado (policía política), y de la Policía Nacional Revolucionaria. Cuando no están encarcelados, los periodistas cubanos pueden elegir entre la libertad vigilada y el exilio”. Como en Cuba debe de haber bastante más que 21 periodistas, es de imaginarse que la gran mayoría escogen la “libertad vigilada” o alguna tercera posibilidad. Ciertamente, Cuba no es un paraíso así como tampoco lo son México y Colombia. “En 2005, México suplantó a Colombia en el puesto de país más asesino para la prensa, de todo el continente americano”. Tres asesinatos, desapariciones y atentados, hacen que sumen 16 los periodistas muertos o desaparecidos desde 2000 y muchos más los que escaparon con vida de situaciones comprometidas. Denuncias sobre maniobras fraudulentas de políticos locales o sobre el tráfico de drogas han estado detrás de la mayoría de estos casos, y se denuncia un clima de impunidad en torno a las investigaciones sobre los mismos. En Colombia, la guerra civil iniciada en 1948 marca la realidad nacional y muchos periodistas son acusados por el gobierno, o por una u otra de las fracciones enfrentadas, de pertenecer al enemigo. Muchas amenazas de muerte, ocho periodistas exiliados y un asesinato marcaron el año, así como secuestros y liberaciones de secuestrados. Países peligrosos y no tan peligrosos En los países “anaranjados” se dan dos tipos de situaciones. Ejemplos del primero son un asesinato en Haití, donde la prensa “disfrutó de un viento de libertad tras la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide, en febrero de 2004”, así como secuestros de periodistas. También los son 80 casos de “agresiones, amenazas e intimidaciones” en Perú, “en muchos de los cuales estuvieron implicados oficiales o funcionarios.” Igualmente en Brasil “un periodista fue asesinado y otro sobrevivió a un atentado. La prensa brasileña, sobre todo la local, sigue padeciendo graves represalias cuando se muestra demasiado curiosa”. El otro tipo de situación se da en Venezuela. El informe reconoce que el clima de oposición violenta quedó muy disminuido por los triunfos electorales y plebiscitarios del gobierno, que “ya no tiene que arreglar cuentas con los medios de comunicación privados, a los que considera responsables de su caída provisional, en abril de 2002”. La condición de “alerta naranja” está dada por la aprobación de leyes sobre responsabilidad social de los medios, un “nuevo arsenal represivo /cuya/ simple existencia es suficiente para crear un clima de autocensura en los medios de comunicación”. Se abunda en el asunto: “la legislación parece haber tenido un efecto disuasorio sobre los medios de comunicación, con el riesgo de privar a la prensa de su papel de contrapoder”. Venezuela merece el estudio de caso más largo del informe: una carilla completa con análisis de parágrafos del código penal y de la nueva ley, y detallados relatos sobre un par de abusos policiales y puebladas contra algún diario de provincias. Los países en amarillo, digámosles “normales”, presentan panoramas de denuncias diversas, ejemplos de intimidaciones y condenas judiciales. Se comentan desde un atentado incendiario contra una radio paraguaya hasta el sonado caso de una periodista encarcelada en los Estados Unidos por negarse a revelar sus fuentes de información sobre la identidad de un agente de la CIA, lo que finalmente aceptó hacer. En países como Chile, Uruguay o Canadá, puestos como ejemplo, de todos modos se marcan atropellos, algunos por parte de representantes gubernamentales y otros por parte de grupos o individuos privados. Entre los privados, responsables de atentados contra los medios en países diversos, se nombran a narcotraficantes, contrabandistas de madera y agrupaciones mafiosas ligadas o no a caudillos políticos locales. Sin embargo Cuba y Venezuela, donde por lo menos no han habido muertes ni secuestros, merecen de las peores calificaciones. El informe completo está disponible en Internet.
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